Nuestra Córdoba presentó aportes al Marco Regulatorio

Los aportes presentados se sistematizaron en un documento elaborado por el Grupo de Transporte y Movilidad Urbana. Entre las consideraciones elaboradas por el Grupo sobre el proyecto del Ejecutivo se destaca como positivo la articulación intermunicipal, a través de la cual se pone de manifiesto la voluntad del municipio de participar en órganos de coordinación para el área metropolitana.

“Esta apertura es fundamental y va en consonancia con la idea de integración territorial y social e integralidad de la movilidad urbana sustentable. Se sugiere que esa coordinación incluya como interlocutor necesario a la Provincia y a la Nación. Esta coordinación se relaciona con la propuesta de la Red de una Autoridad de Transporte del Área Metropolitana”, sostiene el informe de Nuestra Córdoba.
 
Entre las observaciones, desde Nuestra Córdoba apuntan que el proyecto descuida algunos aspectos de la accesibilidad y equidad en dos cuestiones: “el tratamiento que se hace sobre la accesibilidad para discapacitados y la ausencia de mención explícita de criterios –no fórmulas- que guiarán cualquier metodología para el cálculo de la tarifa”.

En relación a la accesibilidad, el proyecto prevé que el 5% de las unidades estén adaptados para sillas de ruedas. El documento sostiene: “Un servicio que pueda ser efectivamente usado por personas en situaciones de discapacidad debería elevar esa meta. Además, es necesario no sólo adecuar las unidades sino también la propia infraestructura urbana que opera como barrera al uso de este servicio adaptado. Además, es fundamental la articulación con asociaciones que se dediquen a la temática de la discapacidad, para entender en qué condiciones ayudarían a los discapacitados a poder utilizar el servicio”.

Por el lado de la tarifa, según el Grupo de Transporte de Nuestra Córdoba, la modalidad vigente -pago a la empresa prestadora por boleto cortado- ha revelado ser inequitativa y generadora de conflictos entre las partes integrantes del sistema (municipio, empresas prestadoras, gremio y usuarios).

“La consideramos inequitativa porque el monto percibido por la empresa prestadora tiene relación directa con la cantidad de pasajeros transportados, existiendo recorridos de similar extensión en kilómetros que perciben diferentes ingresos por la prestación del mismo servicio. Es generadora de conflictos y tensiones, pues cada parte integrante del sistema evalúa según su criterio particular -en forma directa o indirecta- la justeza del ingreso percibido (empresas), o el pago realizado por el servicio (usuarios)”, sostienen.
Y propone: “la remuneración por el pago del servicio a las empresas debe responder al criterio a igual prestación, igual remuneración; de esta forma se cumplirá con principios de equidad y transparencia, reflejándose en una tarifa homogénea y previsible. El establecimiento del valor de la tarifa para el usuario corresponderá a una definición política del ejecutivo municipal.

Finalmente, en lo que refiere a que el transporte sea declarado un servicio esencial y se prevén mecanismo para asegurar su prestación (artículos 46 y 47), manifiestan: “Esta concepción contribuye a promover la continuidad del servicio, pero será necesario analizar y debatir en profundidad la compatibilidad de esta propuesta normativa con otras de índole superior y con reconocimiento y garantía de otros derechos”.