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Audiencia pública para la creación del Ente Municipal “BioCórdoba”

Bajo una confusa difusión concentrada en el destino del Zoo, comenzó ayer la audiencia pública dispuesta por el municipio para debatir sobre la creación de “BioCórdoba”, el nuevo ente municipal que, además, tendrá a su cargo la administración integral, dirección, gestión, mantenimiento y explotación comercial del parque Sarmiento y la Reserva Natural Urbana Parque General San Martín.

Desde la Red Nuestra Córdoba y bajo la campaña #LaDemocraciaEnPausa venimos alertando sobre la falta de instancias de participación ciudadana en la toma de decisiones, por eso celebramos que se reanuden instancias democráticas como las audiencias públicas. A pesar de ello, no podemos dejar de señalar que una mala difusión sobre los alcances del nuevo ente también atenta contra la participación pertinente de los/as ciudadanos/as. La ordenanza en trámite en el Concejo Deliberante no habilita el involucramiento de la ciudadanía en la política de biodiversidad, por el contrario, los procedimientos que pretende instituir son centralizados y discrecionales.

Reproducimos a continuación la intervención de la Red en la audiencia, que estuvo a cargo de la Mgter. María Beatriz Valencia[1]
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Ver intervención: Click aquí

Celebramos la preocupación por el ambiente, la sustentabilidad y la biodiversidad, que conforman el objeto de este nuevo organismo, pero, cabe decir que no estamos aquí en una instancia que haya que agradecer para opinar sobre la “reconversión del zoo” como se difundió erróneamente, sino porque lo que requiere obligatoriamente proceso de doble lectura, audiencia pública y mayoría agravada es la creación de una entidad descentralizada autárquica, otro ENTE.

Un ente en el que se delegan funciones, del Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante, especialmente, como establece el primero de sus objetivos, la administración y gestión comercial de tres predios.

Un ente como instrumento para dar agilidad a la toma de decisiones, decisiones a cargo de un Directorio de tres personas, que puede decidir con el voto de la mayoría dos personas, pero que en caso de emergencia, necesidad o empate decide el presidente UNA PERSONA. Todos ellos funcionarios designados por el ejecutivo.

Es cierto que prevé la conformación de un Comité de Expertos que diseñarán el Plan Maestro, aunque no sabemos en qué plazo, ni la envergadura de decisiones que puede ir tomando el directorio en este lapso. También se crea un Consejo Consultivo al que “puede convocarse” a 16 personas de diversa pertenencia gubernamental e institucional, pero con solo un representante de una organización de la sociedad civil y relacionada a ambiente o animales, y cuyas opiniones no son vinculantes. La “participación ciudadana” está mencionada también, en el último de los objetivos, pero tan solo como voluntariado.

La gran cantidad de opiniones en relación a la reconversión del zoo de la jornada de ayer da cuenta de la necesidad de ampliar el debate al momento de la toma de decisiones y diseño de los lineamientos de este proyecto.

Se le asignan al ente múltiples funciones, que podrían seguramente ser cumplidas desde la estructura orgánica y normativa actual, con leves modificaciones, pero se elige conformar un nuevo organismo que requerirá sin duda una buena dotación de personal, nuevos empleados públicos, además de los 3 funcionarios mencionados. ¿qué envergadura tendrá? ¿cuánto nos costará?  ¿cómo será el proceso para ingreso de personal? ¿en qué condiciones?

No queda claro el ámbito de actuación de este organismo, amplio en su objeto y objetivos, pero cuyas funciones parecen restringirse a los tres predios mencionados, de muy diferente naturaleza, uso y función socioambiental, no equiparables entre sí y por lo tanto con diferentes requerimientos de gestión y manejo. Considerando además que la biodiversidad no reconoce límites, y mucho menos jurídicos o de dominio, preocupa esta gestión por fragmentos y la no consideración de la articulación con Desarrollo Urbano, ya que, por ejemplo, difícilmente podamos proteger la biodiversidad de la Reserva si la rodeamos de autovías y torres.

Sobre las concesiones, advertimos la indefinición del tipo y envergadura de las mismas. Pensando en relación a la ordenanza que actualmente las regula, vemos que ella establece el procedimiento con licitación pública con la intervención previa de una comisión evaluadora e la oportunidad, mérito, y conveniencia de cada una, plazos, responsabilidades, restricciones, causales de revocación, el modo de determinación, integración y destino de los fondos obtenidos del cobro de cánones. Todas cuestiones ausentes en esta ordenanza y que creemos deben estar precisadas con claridad.

Se advierte también que en aquella ordenanza menciona concesiones sobre el “camping” y en esta sobre toda la Reserva, sin mencionar cómo se compatibiliza con el cap. III de la Ord. 11702 que explícitamente prohíbe "cesión, préstamo, alquiler, venta y otras figuras asimilables". ¿lo respeta o lo deroga?

Preocupa además entre las decisiones que puedan tomarse antes de tener definido el Plan Maestro, el hecho de que esta ordenanza disponga el traslado de ejemplares a la Reserva San Martín.

Para terminar, sintetizo nuestras recomendaciones principales:

  • Reducir la discrecionalidad en las decisiones, introduciendo mecanismos de participación ciudadana, vinculantes, rendición de cuentas, control y transparencia.
  • Establecer criterios de valoración del mérito y la oportunidad sobre todo en lo relativo a las concesiones, para garantizar la concurrencia con el interés público.
  • Ampliar la mirada en relación a los impactos recíprocos con el desarrollo urbano, aprovechando la oportunidad para pensar la biodiversidad urbana de manera integral, incorporándola a la planificación de la infraestructura verde, generando y protegiendo por ejemplo corredores biológicos.
  • Y finalmente revisar este modo de gestión por fuera de las estructuras orgánicas, soslayando normas y controles, o delegando funciones, mediante entes, emergencias, convenios para contrataciones directas, consultorías o modificaciones normativas a pedido como han sido los Convenios Urbanísticos.

Sin marcos integrales de política pública, en este caso vinculadas a la sustentabilidad y el ordenamiento territorial (planificación, objetivos y metas definidos con participación y consenso) difícilmente podamos proteger la biodiversidad y tampoco construir una ciudad más justa, democrática y sustentable.

Destacamos también la participación del Arq. Miguel Martiarena, miembro de la Red que presentó su intervención en carácter independiente
Ver: Click Aquí

 

[1] Arquitecta, Magister en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano, investigadora en la temática Evaluación Ambiental Estratégica de Políticas Públicas

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