Ante el comunicado emitido y difundido por la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba (CEDUC) en el que articulan un discurso y narrativa (paradójicamente, un relato) por medio del cual atribuyen a las reivindicaciones de colectivos sociales y vecinales el impedimento del “progreso”, la inseguridad jurídica y el desincentivo a la inversión privada generadora de empleo y garantizadora del acceso a la vivienda, quienes firmamos esta respuesta contrargumentamos con posicionamientos basados en el interés público, y sostenemos:
Las acciones de amparo constituyen un recurso previsto en el artículo 43 de la Constitución Nacional que puede ser interpuesto contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución, un tratado o una ley. Se puede interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general.
Contrariamente a lo que empresarios/as del sector desarrollista de Córdoba plantean, las acciones de amparo no actúan en detrimento de la seguridad jurídica sino que constituyen un recurso fundamental para la vigencia del Estado de Derecho en los regímenes democráticos. Inseguridad jurídica y restricción de derechos humanos generan los acuerdos y habilitaciones que se centran en el interés corporativo y privado a espaldas de la ciudadanía afectada por los mismos. La falta de transparencia en las decisiones que inciden en el interés y los bienes públicos son el principal factor de vulneración de derechos.
La interpelación de proyectos de inversión inmobiliaria que impactan en el ambiente y en la segregación urbana tiene la intencionalidad de visibilizar qué tipo de “progreso” y “desarrollo” queremos como sociedad. La CEDUC de manera maliciosa pretende justificar que su modelo de negocios y de rentabilidad actúa como movilizador de crecimiento económico para todos/as, de empleo y acceso a la vivienda. Por el contrario, sus proyectos se apropian del plusvalor de la tierra y excluyen a la mayoría de la población del acceso al hábitat y la vivienda.
Argumentan que la protesta y movilización social atentan contra la propiedad y la inversión privada como derechos de primer orden. Desconocen la función social de la tierra y el derecho al ambiente y a la ciudad como derechos humanos fundamentales.
Desconocen también el Acuerdo de Escazú que en nuestro país entró en vigor el 22 de abril de 2021. El mismo tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. El accionar de la ciudadanía (tanto acciones directas como judiciales) están amparadas por el acuerdo.
La reivindicación del derecho a la información y la participación, como así también a la necesidad de un Estado que resguarde el interés público, el patrimonio cultural e identitario y garantice el desarrollo sustentable (ambiental y socialmente) es el único camino para construir una ciudad para todos/as y con todos/as hoy y en las próximas generaciones.
Suscriben:
Red Ciudadana Nuestra Córdoba
Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC
En el marco de la iniciativa "Participes de las Metas 2024-2027 de la Ciudad de Córdoba”
Adhieren:
Asamblea del Monte de Unquillo
Asociación Amigos de la Reserva San Martín
Arquitectos Cordobeses Autoconvocados
Cátedra de Geografía Humana. Dpto de Geografía. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba.
Cátedra de Epistemología de la Geografía. Dpto de Geografía. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba.
CISCSA Ciudades Feministas
Centro Vecinal Alberdi
Centro Vecinal Cerro de las Rosas
Centro Vecinal de Villa Warcalde y Alto Hermoso
Centro Vecinal de Villa Eucarística
Centro Vecinal Jardín Espinosa y Ampliación
Centro Vecinal Parque Chacabuco
Centro Vecinal Valle del Cerro
Colectivo Preservando el Parque de la Vida
CEVE-AVE - CONICET Asociación de Vivienda Económica
Foro Ambiental Córdoba
Fundeps
Inquilinos Córdoba
Juntas por el Derecho a la Ciudad
Multisectorial Defendamos Alberdi
Vecinos autoconvocados de Argüello
Vecinos autoconvocados de Alejandro Centeno
Vecinos autoconvocados de Los Ángeles
Vecinos autoconvocados de Villa Belgrano
Vecinos autoconvocados de Villa Cabrera
VUDAS – Vecinas Unidas en Defensa de un Ambiente Sano
SAPLAT (Sociedad Argentina de Planificación Territorial), Regional Centro Grupo Conflictos Urbanos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba
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